Fiscales generales de 18 entidades de Estados Unidos apoyan la demanda presentada contra la revocatoria del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos.
A través de un «Amicus Curiae» interpuesto ante la corte de California, defienden la continuidad del programa, que protege a miles de venezolanos de la deportación y les permite trabajar legalmente en ese país.
California, Nueva York, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y el Distrito de Columbia se sumaron a esta acción legal.
El TPS fue otorgado a venezolanos en 2021 y redesignado en 2023 debido a la situación humanitaria en Venezuela. Sin embargo, en febrero de 2025, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la terminación del TPS para venezolanos, alegando mejoras en el país sudamericano, una afirmación que los estados consideran «infundada».
Presentación de la demanda
La demanda original fue presentada el 20 de febrero por la Alianza Nacional TPS (NTPSA) y organizaciones de derechos de los inmigrantes en California. En su argumentación, los demandantes afirman que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, adoptó decisiones ilegales al anular, solo tres días después de su confirmación, la extensión de las protecciones del TPS para los venezolanos, medida que ya había sido debidamente publicada en el Registro Federal.
A esta demanda se sumó el 3 de marzo otra acción legal presentada en el tribunal federal de Boston por Lawyers for Civil Rights, que busca bloquear la eliminación del TPS no solo para venezolanos, sino también para haitianos. Los demandantes argumentan que la revocatoria carece de justificación legal y responde a motivos discriminatorios. Según Mirian Albert, abogada principal de la organización, la decisión refleja prejuicios raciales y no se basa en las condiciones reales que afrontan estas comunidades.
Argumentos sobre la demanda
Los estados argumentan que la terminación del TPS afectaría gravemente a las familias de venezolanos, muchas de las cuales son de «estatus mixto», es decir, incluyen a ciudadanos estadounidenses.
Según los datos, más de 130,000 ciudadanos estadounidenses viven en hogares con al menos un beneficiario del TPS venezolano. «La separación familiar, ya sea por deportación o por la pérdida de estatus legal, tendría efectos devastadores en la salud mental y el bienestar de los niños, muchos de los cuales ya experimentan ansiedad y miedo debido a la incertidumbre migratoria», afirman.
Los estados también destacan el impacto económico que tendría la terminación del estatus. De acuerdo con las entidades, los venezolanos con TPS contribuyen significativamente a la economía estadounidense, generando $11,500 millones anuales y pagando $3,100 millones en impuestos federales y $2,100 millones en impuestos estatales y locales en 2023.
Además, indican que el 75 % de los venezolanos en edad laboral están empleados, muchos en industrias clave como la construcción, el transporte y los servicios. «La pérdida de su estatus legal no solo afectaría a estos trabajadores, sino que también generaría una escasez de mano de obra en sectores que ya enfrentan dificultades para contratar personal», sostienen.
Con información de: Alertas24
Foto: Cortesía
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