Asimismo, aseveró que dicho porcentaje refleja una distorsión en el ejercicio de la justicia. Esto demuestra que, ante el retraso en sus causas, la admisión de los hechos se convierte en una solución efectiva para que los privados de libertad puedan acortar su tiempo de reclusión.

Por otra parte, se refirió al tópico de la criminalización de la pobreza, al recordar que la presidente, Delcy Rodríguez, ha mencionado que casi el 70 % de la población reclusa proviene de los sectores más desfavorecidos.

Ligado a la vulnerabilidad económica, el estudio arrojó que el 81 % de los privados de libertad son de carácter «primario»; es decir, que la gran mayoría son sometidos por primera vez a un proceso de justicia penal por la presunta comisión de algún delito.

Devoe cuestionó el funcionamiento de los centros de prisión preventiva, señalando que, a diferencia de su propósito original de ser espacios de transición, actualmente operan fuera de su diseño.

El fiscal comparó el sistema de justicia con un reloj al mencionar que si una sola pieza falla, el mecanismo completo se detiene. Este efecto dominó es, a su juicio, la causa directa del actual retardo procesal.