Keiko Fujimori asumió el martes la presidencia del Perú por los próximos cinco años con el desafío de alcanzar la estabilidad después de una década de crisis política y frenar la alta criminalidad.
La hija del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) —fallecido en 2024 y quien estuvo 16 años preso por corrupción y asesinato— retorna más de un cuarto de siglo después al palacio presidencial donde vivió y fue primera dama tras el divorcio de sus progenitores en 1994.
Ahora lo hará como presidenta luego de imponerse en junio en un reñido balotaje a Roberto Sánchez con los votos decisivos del extranjero, en lo que fue su cuarto intento por alcanzar el poder.
El principal reto de Fujimori será el combate a la delincuencia organizada, en particular las extorsiones que se han expandido por casi todo Perú, donde las denuncias por ese delito pasaron de 2.421 en 2019 a 26.734 en 2025, según datos oficiales.
Las extorsiones golpean la economía de miles de pequeños negocios que son amenazados con ataques con explosivos o incendios y que han cobrando la vida de 239 transportistas en 2025, sobre todo de mototaxistas que operan en las zonas más pobres.
La oposición política ha formulado una serie de pedidos a Fujimori, incluida la derogación de un conjunto de leyes aprobadas por el anterior Parlamento dirigido por el fujimorismo que, según los expertos, debilitan la lucha contra el crimen organizado.
Esas normas eliminan la detención preventiva en casos sin flagrancia, impiden procesar a partidos políticos como grupos criminales, elevan los requisitos para confiscar bienes a grupos delictivos y dificultan la colaboración eficaz y los allanamientos.
La líder conservadora prometió en campaña que enfrentará el crimen con “mano dura” siguiendo el modelo del presidente salvadoreño Nayib Bukele. También ha dicho que construirá una cárcel similar a la salvadoreña Centro de Confinamiento del Terrorismo e implantará jueces con el rostro cubierto como ocurrió durante el gobierno de su padre.
Los opositores le han solicitado, además, una comisión para investigar las muertes de 50 civiles a manos de la fuerza pública durante las manifestaciones de 2022 y 2023 que exigían nuevas elecciones y que surgieron tras la destitución del entonces presidente Pedro Castillo (2021-2022).
Información y foto: AP
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