El Gobierno de México rechazó oficialmente el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al calificarlo de «tendencioso y falto de rigor jurídico».

En un comunicado conjunto de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, la administración federal subrayó que el documento omite los avances institucionales alcanzados en la materia desde 2018, y respondió así a la decisión del Comité de solicitar al secretario general de la ONU, António Guterres, remitir «urgentemente» la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General.

Las dependencias federales afirmaron que el informe «no toma en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Gobierno de México», las cuales demuestran que los argumentos del CDF «no coinciden ni con la definición de desaparición forzada del propio comité, ni los avances institucionales logrados desde 2019 y en particular desde 2025».

Asimismo, destacaron que el marco utilizado por el organismo internacional «no corresponde a la realidad del México actual, que ha emprendido una transformación estructural en la materia».

El Gobierno mexicano cuestionó que el reporte se enfoca principalmente en hechos ocurridos entre 2007 y 2017, durante los sexenios de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), y circunscribe su análisis a cuatro entidades federales: Coahuila, Nayarit, Jalisco y Veracruz.

Por ello, consideró que la decisión del Comité «es parcial y sesgada», además de no considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo por el Gobierno mexicano en base a información reciente. «Lamentamos que haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución», señalaron.

El CDF reconoce en los párrafos 117 y 118 de su documento que «no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil», señalamientos que, según las autoridades mexicanas, «reflejan la situación actual del país, diferente a la de periodos anteriores».

Falta de rigor jurídico

No obstante, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la «falta de rigor jurídico» en la argumentación del Comité y alertó sobre posibles «conflictos de interés de algunos de sus integrantes», al existir evidencia de que al menos uno trabajó para organizaciones que han presentado quejas contra el Estado mexicano.

En respuesta, México ratificó que «el Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas», y recordó que en la actual administración se impulsó una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo.

Derivado de ese diálogo, en julio pasado se aprobaron reformas que incluyen: la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la obligación de abrir carpeta de investigación ante el primer reporte, la Base Nacional de Carpetas de Investigación, la Plataforma Única de Identidad, fiscalías especializadas estatales, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y el robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda.

El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Enrique Ochoa, consideró «excesiva» la resolución del CDF y señaló que el organismo «está excediendo su mandato al presentar un informe con falta de rigor jurídico». Ochoa recordó que México es uno de los pocos países que ha ratificado las nueve convenciones universales y las nueve regionales de derechos humanos, y que fue la primera nación en aceptar una visita in situ del Comité en 2021.

México reafirmó su apertura a la cooperación técnica internacional, pero «no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual». El Gobierno destacó que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha reconocido la política de cooperación cotidiana de México con los sistemas internacionales. «Reafirmamos el compromiso absoluto de este Gobierno con la erradicación de las desapariciones forzadas, el fortalecimiento de la búsqueda e identificación, y la garantía de verdad y justicia para las víctimas y sus familias», concluyó el comunicado.

Información: Telesur

Foto: Referencial

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