Las autoridades de inmigraci?n de EE.UU. est?n exigiendo que los propietarios entreguen contratos de arrendamiento, solicitudes de alquiler, direcciones de reenv?o, tarjetas de identificaci?n y otra informaci?n sobre sus inquilinos, una se?al de que el gobierno de Trump ha dirigido su atenci?n hacia ellos para que ayuden en su campa?a de deportaciones masivas.
Eric Teusink, un abogado inmobiliario del ?rea de Atlanta, dijo que varios clientes suyos recibieron recientemente cartas solicitando documentaci?n completa sobre sus inquilinos. Una solicitud de alquiler puede incluir historial laboral, estado civil y relaciones familiares.
El ?requerimiento de informaci?n? de dos p?ginas, que Teusink comparti? exclusivamente con The Associated Press, tambi?n solicita datos sobre otras personas que viven con el arrendatario. Una de ellas, fechada el 1 de mayo, est? firmada por un agente de la unidad antifraude de los Servicios de Ciudadan?a e Inmigraci?n de Estados Unidos. Sin embargo, no est? firmada por un juez.
No est? claro cu?ntos requerimientos se han emitido, pero los documentos podr?an se?alar un nuevo frente en los esfuerzos del gobierno para localizar a personas que est?n en el pa?s sin permiso de residencia, muchas de las cuales debieron proporcionar a las autoridades sus direcciones en Estados Unidos como condici?n para ingresar inicialmente al pa?s sin visa.
El presidente, Donald Trump, termin? en gran medida con el permiso temporal para las personas a las que se permiti? la entrada durante el gobierno de su predecesor, Joe Biden.
Los expertos cuestionan que los propietarios deban obedecer
Algunos expertos legales y administradores de propiedades dicen que las demandas plantean serias preguntas legales porque no est?n firmadas por un juez y que, si los propietarios las acatan, podr?an arriesgarse a violar la Ley de Vivienda Justa, que proh?be la discriminaci?n por raza, color u origen nacional.
Los cr?ticos tambi?n dicen que es probable que los propietarios se sientan intimidados para cumplir con algo que no ha ordenado un juez, mientras que la persona cuya informaci?n se est? solicitando puede no enterarse nunca de que sus registros privados est?n en manos de las autoridades de inmigraci?n.
Informaci?n y foto: AP
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