José Francisco Jiménez, secretario general de la Asociación de Empleados de la Universidad de Carabobo (UC), rechazó la reciente implementación de una política oficial que, a su juicio, busca separar las nóminas de los trabajadores activos de las de los jubilados, calificando la medida como un precedente peligroso y discriminatorio.
Según lo expuesto por el gremialista, el Ejecutivo Nacional, a través de un comunicado del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, ha comenzado a ejecutar pagos de beneficios contractuales, como el bono vacacional, en fechas diferenciadas para ambos sectores. Dijo que esta fragmentación, que altera los tiempos de pago establecidos, representa una ruptura directa con los principios de igualdad consagrados tanto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como en la convención colectiva vigente.
«El peligro de fondo es que, al extraer al sector jubilado del universo de la nómina universitaria para gestionarlo bajo otro esquema, se les despoja de la protección integral que les otorga su convención colectiva», advirtió Jiménez.
Reiteró que, legalmente, los beneficios del personal activo deben ser equiparables al personal jubilado, tanto en montos como en los cronogramas de pago.
Detalló que esta medida afecta directamente a 8.000 trabajadores en la Universidad de Carabobo y pone en una situación de vulnerabilidad a más de 100.000 jubilados del sector universitario a nivel nacional.
Ante este escenario, la representación gremial realizó una asamblea general este lunes 13 de julio donde acordaron elevar su rechazo formal ante el Consejo Universitario, el objetivo es que dicho cuerpo colegiado asuma la vocería ante el Consejo Nacional de Universidades, para exigir el cese de esta política.
«Hemos entregado un oficio manifestando nuestro rechazo absoluto y estamos solicitando un derecho de palabra ante el Consejo Universitario. No permitiremos que se vulneren los derechos adquiridos de quienes dedicaron sus vidas a la academia».
Foto: Ruth Laverde
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