La pena de muerte en Irán cobró la vida de 853 personas en 2023. Estas ejecuciones suman la cifra más alta de los últimos ocho años, afirmó Amnistía Internacional.
El número de personas ejecutadas el año pasado aumentó en un 48% respecto a 2022. Fueron más de la mitad de ejecuciones, 481, relacionadas con delitos de estupefacientes.
Bajo el punto de vista de la organización, las ejecuciones relativas a delitos de droga tienen un componente discriminatorio que procede de los cambios en la estrategia antidroga del país. Incluso cree que el número de muertes es mayor.
Casi un tercio de las ejecuciones por drogas en 2023, el 29%, fueron de personas de la minoría baluchi iraní. Estos suponen solo el 5% de la población total del país, según Amnistía Internacional.
El año pasado, las autoridades ejecutaron a seis personas en relación con las protestas de 2022 bajo el grito “Mujer, vida y libertad”. Todo tras la muerte de Mahsa Amini en una comisaría, donde se encontraba bajo custodia policial tras ser detenida en Teherán por llevar mal colocado el velo.
Se deben tomar medidas internacionales para evitar las ejecuciones en Irán
Amnistía Internacional reclamó medidas internacionales contundentes para detener las ejecuciones en el país asiático. Estas son dictadas por los tribunales revolucionarios en su mayor parte (61%).
«Operan bajo la influencia de los organismos de seguridad e inteligencia. Para dictar sentencias condenatorias utilizan habitualmente confesiones forzadas obtenidas mediante tortura».
A juicio de la directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, Diana Eltahawy, las autoridades iraníes instrumentalizaron la pena de muerte para sembrar el miedo entre la población y reprimir conflictos.
Las políticas antidroga de Irán, para Eltahawy, contribuyen a reforzar un círculo de pobreza e injusticia. Intensifican la discriminación contra las comunidades marginadas del país.
EFE
Foto: referencial El Tiempo
