La Fiscalía acusa al parlamentario de amenazar a las autoridades nacionales con sanciones de EE.UU. para interferir en el proceso sobre la intentona golpista de 2022.
La primera sala de la Corte Suprema de Brasil inicia este viernes 14 de noviembre el juicio contra el diputado federal Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, por el presunto delito de coacción judicial.
La Fiscalía General (PGR) denunció al parlamentario el 22 de septiembre, junto al periodista Paulo Figueiredo, por amenazar a las autoridades nacionales con sanciones de Estados Unidos contra su país, para interferir en el proceso sobre la intentona golpista de 2022 y proteger a su padre, quien ya fue condenado a 27 años de prisión y tres meses de prisión por cinco delitos relacionados con el intento de golpe de Estado.
El litigio se desarrollará en sesión plenaria virtual y tiene por objeto determinar si existen elementos suficientes para que el parlamentario sea acusado formalmente. La composición actual del primer Panel tiene cuatro miembros, entre los que se ubican el relator del caso, el juez Alexandre de Moraes, quien será el primero en votar. Asimismo, los ministros Cristiano Zanin, Cármen Lúcia Antunes y Flávio Dino, el mismo que condenó al exmandatario, con la excepción de Luiz Fux.
Todos los magistrados de la corte, menos Fux, André Mendonça y Kassio Nunes Marques, fueron sancionados por Estados Unidos. Estos dos últimos nombrados por Bolsonaro.
Los ministros tendrán hasta el 25 de noviembre para decidir. Si el Supremo Tribunal Federal (STF) acepta los cargos de la Fiscalía General, el parlamentario, quien permanece en Estados Unidos desde febrero, será acusado y se abrirá una causa penal en su contra.
El diputado Bolsonaro admitió públicamente en varias ocasiones haber orquestado presiones internacionales contra las autoridades nacionales. Se atribuyó la responsabilidad, por ejemplo, de intentar activar la Ley Magnitsky contra el ministro relator del caso, Alexandre de Moraes.
Esta ley permite a Estados Unidos imponer sanciones a funcionarios extranjeros por violaciones de derechos humanos o corrupción, autorizando el congelamiento de activos y la prohibición de ingreso al país norteamericano.
Este caso judicial se conecta con la investigación más amplia sobre el intento de golpe de Estado que condujo al arresto domiciliario del exgobernante. Mensajes encontrados por la Policía Federal revelan que el legislador incluso instruyó a su progenitor sobre el contenido y el momento de sus declaraciones públicas, advirtiéndole que cualquier desviación de las estrategias en Estados Unidos podría «echar por tierra algunas acciones«, lo que subraya la coordinación familiar en la presión ejercida sobre el sistema de justicia brasileño.
Información: TeleSURtv.net
Foto: Cortesía
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