El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), Pablo González, durante una visita en Valencia, consideró que la recién aprobada Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda representa un avance para el negocio de alquileres.
En ese sentido, resaltó que la norma, que aun no ha sido publicada en Gaceta oficial, contempla una propuesta renovadora y adecuada a los momentos actuales del país.
Entre las bondades, González mencionó los contratos en moneda extranjera con la opción de pagar en bolívares a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. «Esto es un avance importante porque referencia la relación contractual con base en moneda dura», dijo.
Además, explicó que el precepto permite la regulación o la indicación de que el canon del depósito en garantía no sea mayor a tres meses y se pueda cancelar a través de una póliza de seguro. «Esperamos que se contemple la fianza bancaria como fortalecimiento y ayuda», agregó.
También, posibilita que los procesos de discrepancias entre arrendadores y arrendatarios se pueden solucionar a través de un arbitraje. «Esta señal es importante porque reduce en la expectativa del propietario los tiempos de recuperación de su inmueble y los derechos sobre su propiedad privada», indicó.
Convivencia de dos leyes
La máxima autoridad de la CIV expresó que a partir de que la normativa entre en vigencia va a dejar en el mercado inmobiliario dos leyes válidas. «Todos los contratos suscritos a partir de la publicación de esta ley en la Gaceta Oficial serán los que regirán la relación arrendaticia, mientras que los contratos anteriores a dicha publicación se mantendrán vigentes bajo la ley de 2011».
Impulso al financiamiento y construcción
González aseveró que la Cámara Inmobiliaria de Venezuela mantiene continúa impulsando propuestas para generar financiamiento a la industria inmobiliaria. «Hemos tenido reuniones promovidas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Bolsa de Valores de Caracas y la Superintendencia Nacional de Valores, donde hemos hecho sugerencias concretas para que podamos emitir vehículos financieros que contribuyan al crédito de los promotores inmobiliarios para desarrollar nuevos metros cuadrados de vivienda que pudieran también entrar en el mercado».
Subrayó que aunque la adquisición de viviendas en el mercado secundario es lo que actualmente mueve al sector, la producción masiva de nuevos inmuebles es lo que generará un impacto social y económico real mediante el empleo y el bienestar.
Añadió que esperan la revisión del marco jurídico referente a la construcción, específicamente la ley de estafas inmobiliarias. «Consideramos debe ser revisada para que se cree la confianza necesaria para que los promotores inmobiliarios volvamos a construir en Venezuela».
Información y foto: Radio América
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