La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por los sandinistas, aprobó el martes cambios al código penal que permiten al gobierno juzgar a opositores en ausencia y confiscar los bienes de los condenados. Es una práctica que ya se realizaba, pero que ahora tendrá fundamento legal.
La propuesta del presidente Daniel Ortega fue aprobada por unanimidad en la legislatura controlada por el partido estatal.
Los opositores y las organizaciones que han huido o se han visto obligados a exiliarse en la campaña de años de Ortega para silenciar las voces críticas podrían ser multados, sentenciados a largas penas de prisión y ver sus propiedades confiscadas por el gobierno bajo los cambios aprobados.
El abogado nicaragüense Uriel Pineda dijo que con estos cambios el gobierno de Ortega busca “legalizar las arbitrariedades que ha venido cometiendo, como la confiscación de bienes”, al tiempo que “refuerza la estructura de represión, dándole un marco legal”. Pineda fue exiliado y despojado de su nacionalidad el año pasado.
Información y foto: AP
