El Congreso de Perú promulgó este lunes 15 de diciembre la Ley N.º 32527 que dota al Poder Ejecutivo de facultades para legislar durante 60 días en temas cruciales como seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad organizada, crecimiento económico y fortalecimiento institucional.
La medida legislativa, solicitada por el Gobierno de transición, que preside José Jerí, busca dar respuesta a una crisis social y política marcada por el aumento de la criminalidad y su infiltración en las instituciones estatales.
El primer ministro, Ernesto Álvarez, había defendido la solicitud ante el Congreso el 24 de noviembre, argumentando que la crisis amenaza «no solamente la coyuntura inmediata de la política, sino la estructura misma de la sociedad peruana», y subrayó la necesidad de contar con «instrumentos adecuados para ejercer una defensa eficaz» de la ciudadanía.
La ley, publicada en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano, autoriza al Gobierno a emitir un total de 24 normas destinadas a fortalecer la seguridad y la lucha contra el crimen. Estas modificaciones buscan tipificar la tenencia ilegal de armas de fuego, revisar los delitos en flagrancia, y abordar el uso indebido de la figura de refugiado por parte de extranjeros en situación irregular.
Asimismo, el Ejecutivo podrá fortalecer el marco penal aplicable a la minería ilegal, incorporar el delito de revelación de información reservada en investigaciones penales e incrementar las penas para el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, entre otros temas fundamentales para enfrentar la delincuencia organizada.
Adicionalmente, el Ejecutivo fue facultado para dictar 17 normas en materia económica, diseñadas para impulsar el crecimiento y mejorar la fiscalización financiera. Estas incluyen la modificación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central, la Ley Penal Tributaria y el establecimiento de un procedimiento para controlar el valor en el régimen aduanero de importación para el consumo, además de la modificación de la Ley General de Aduanas.
Finalmente, la ley también faculta al Gobierno a dictar siete normas para el fortalecimiento institucional, que abarcarán, entre otros aspectos, la modificación de la Ley General de Sanidad Agraria para incorporar disposiciones sanitarias de protección y bienestar de animales domésticos.
Con información de: Telesur
Foto: Cortesía
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