La Corte Constitucional de Colombia suspendió de manera provisional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno de Gustavo Petro había declarado la emergencia económica y social en el país. Esta decisión judicial paraliza de inmediato la implementación de nuevos tributos que el Ejecutivo planeaba utilizar para financiar el presupuesto nacional del año 2026.
El directivo pretendía obtener 16,3 billones de pesos (aproximadamente 4.465 millones de dólares) mediante la emergencia económica, con el fin de cubrir el déficit fiscal. Sin embargo, la suspensión implica que la carga tributaria recaerá nuevamente sobre la sociedad en general, mientras se define la constitucionalidad del decreto.
Una semana después de la declaratoria, el 29 de diciembre, el Gobierno emitió decretos que modificaban el impuesto al patrimonio.
Información: Telesur
Foto: Referencial
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