El Gobierno de El Salvador, bajo la administración de Nayib Bukele, confirmó la llegada de 238 ciudadanos venezolanos, presuntamente miembros del grupo criminal Tren de Aragua, deportados desde Estados Unidos.
Las autoridades trasladaron de inmediato a los deportados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión de máxima seguridad del país.
Según cifras oficiales, el grupo forma parte de un contingente de 261 personas expulsadas por Estados Unidos, de las cuales 238 tienen vínculos con la organización criminal venezolana. Dentro de este grupo, 137 enfrentaron deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una medida recientemente implementada por el gobierno de Donald Trump.
Imágenes difundidas por la Casa Presidencial muestran a los deportados llegando a El Salvador esposados, con la cabeza baja, vistiendo uniformes y con el cabello rapado. A su llegada al aeropuerto, unidades policiales los recibieron y los trasladaron en autobuses al Cecot, sin acceso a la prensa nacional o internacional.
Deportaciones masivas y su impacto en la seguridad
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, confirmó la deportación y también informó que miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) llegaron a El Salvador junto con los venezolanos para enfrentar procesos judiciales en el país centroamericano.
En Venezuela, analistas y organizaciones de derechos humanos expresaron preocupación por la falta de pruebas concluyentes que vinculen a todos los deportados con el Tren de Aragua. Advirtieron sobre la posibilidad de que entre ellos haya migrantes detenidos por ingreso ilegal a Estados Unidos, sin antecedentes criminales.
El presidente Bukele reveló que Estados Unidos aportará seis millones de dólares para cubrir un año de encarcelamiento de aproximadamente 300 presuntos miembros del Tren de Aragua. «Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos, pero alta por nosotros», declaró Bukele.
Añadió que esta medida, sumada al programa Ocio Cero, que emplea a más de 40.000 reclusos en talleres dentro de las cárceles, contribuirá a la autosostenibilidad del sistema penitenciario salvadoreño, cuyo costo anual asciende a 200 millones de dólares.
Redacción: Agencias
Información y Foto: Agencias
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