La situación de los trabajadores del estado Carabobo y del resto del país está marcada por una profunda incertidumbre, según señaló José Francisco Jiménez Secretario general de la Asociación de Empleados de la Universidad de Carabobo y miembro del Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha.
El dirigente cuestionó el hermetismo en torno a la mesa de negociación y acuerdos que se reúne desde hace varias semanas en Caracas, y manifestó dudas sobre las decisiones que pudieran adoptarse sin información clara para los trabajadores.
El representante indicó que, aunque en las conversaciones participan centrales sindicales y representantes laborales, hasta ahora no se conocen públicamente sus avances ni los términos que se estarían discutiendo. A su juicio, esta falta de transparencia genera preocupación sobre la defensa de los derechos laborales y la legitimidad de cualquier acuerdo.
Entre los asuntos que considera prioritarios mencionó el derecho a un salario ajustado a la Constitución, la revisión de los instructivos salariales asociados a la ONAPRE y al memorando 2792, así como la recuperación de la discusión de las convenciones colectivas. También expresó especial inquietud por las prestaciones sociales y la posible afectación de su cálculo retroactivo.
“Estamos hablando del ingreso familiar y de los ahorros acumulados por los trabajadores durante toda su vida de servicio”, sostuvo, quien recordó que esos derechos están contemplados en la Constitución y en la legislación laboral venezolana.
Advirtió que cualquier medida que reduzca o desconozca su alcance tendría consecuencias graves para los trabajadores activos, jubilados y sus familias.
Salarios y bonificación
El dirigente describió como crítica la situación económica de los trabajadores. Según expuso, el salario mínimo permanece en 130 bolívares y las pensiones están vinculadas a ese monto. Además, cuestionó la política de bonificación salarial, al señalar que los bonos no sustituyen el salario ni garantizan los beneficios asociados a este, como las prestaciones y otros derechos laborales.
El representante afirmó que las organizaciones laborales esperan que quienes participan en la mesa de Caracas defiendan la voluntad de los trabajadores y no respalden acuerdos que, en su opinión, favorezcan intereses distintos a los de la población trabajadora.
Plazo para responder a las demandas
El miembro del Comité Nacional de Conflicto recordó que el comité, junto con organizaciones de los sectores universitario, salud y magisterio, otorgó al Gobierno un plazo de 15 días para responder a un documento presentado en Caracas durante una movilización hacia el Palacio de Miraflores.
Entre las peticiones incluidas en ese planteamiento figuran respuestas sobre el pago de los aguinaldos, las horas nocturnas y el bono de responsabilidad profesional y académica. Según el vocero, este último beneficio se paga en algunos sectores, pero no llega a jubilados ni a trabajadores administrativos y obreros de la administración pública.
Las organizaciones esperan una respuesta oficial a estos reclamos y reiteran su preocupación por la situación salarial, el cumplimiento de las convenciones colectivas y la protección de las prestaciones sociales.
Información Radio América
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