El Parlamento de Perú archivó el viernes tres denuncias constitucionales por el delito de asesinato en contra de la presidenta Dina Boluarte por las muertes ocurridas durante las protestas en las que se exigía su renuncia hace más de dos años.
Casi inmediatamente de asumir el poder en diciembre de 2022, tras la destitución del entonces mandatario Pedro Castillo, Boluarte enfrentó una series de protestas al sur del país que dejaron 50 civiles muertos. Más de la mitad de las víctimas fallecieron por disparos de arma de fuego, según las autopsias.
Informes de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos coincidieron en que las fuerzas de seguridad violaron derechos humanos, usaron armas de fuego y torturaron durante las manifestaciones que se extendieron hasta marzo de 2023.
Ante esos hechos, parlamentarios opositores presentaron tres denuncias por asesinato. Pero la comisión de acusaciones constitucionales que las tramitaba consideró ahora que no existe “una relación directa” entre las acusaciones contra Boluarte y los hechos ocurridos.
Aunque la presidenta no tiene bancada parlamentaria y su popularidad es mínima, según las encuestas, su gobierno recibe el apoyo legislativo de los partidos Fuerza Popular, dirigida por la política conservadora Keiko Fujimori, y de Alianza para el Progreso, del gobernador de La Libertad, César Acuña.
Información y foto: AP
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