Pensionados piden a la ONU intervenir ante la «situación crítica» que viven

Pensionados piden a la ONU que intervenga ante la «situación crítica» que viven y exigen al Gobierno venezolano un aumento de su pensión.

Los abuelos recalcaron que necesitan ingresos para cubrir «necesidades básicas alimentarias, de salud y de recreación».

«Hay un relator de la ONU que tiene que ver con la situación de los adultos mayores (…) queremos que la Naciones Unidas active esa relatoría «, dijo el presidente de la Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos, Pedro García.

Por su parte, Urimare Capote, integrante del Comité de jubilados de Venezuela, dijo que la ONU es el órgano internacional que «defiende los derechos humanos».

Precisó que no han obtenido respuestas de instancias nacionales como el Ministerio del Trabajo, el Seguro Social, el Parlamento, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía.

En su opinión, «hay un abandono por parte del Estado», que es el que está «obligado a tener un sistema de seguridad social que cubra las mínimas necesidades de las personas mayores».

PENSIONADOS PIDEN A LA ONU QUE LOS AYUDEN A MEJORAR SUS CONDICIONES

«La situación económica, social y humanitaria del sector de la tercera edad en Venezuela es realmente dramática», dijo Capote.

Recordó que hace más de dos años el presidente Nicolás Maduro decretó el último aumento de salario mínimo -referente para la pensión-, que fijó en 130 bolívares.

Por otra parte, cuestionó la ley aprobada en mayo por el Parlamento que establece un «aporte especial» que deben dar los empresarios -que pagan desde junio- para mejorar las pensiones.

«No hemos recibido ni un medio de ese recurso. ¿Dónde están esos recursos recaudados por el Ejecutivo nacional a través del Seniat (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria )?», preguntó.

Según el Parlamento, esta ley se creó para «proteger» las pensiones frente a los efectos negativos de las «medidas coercitivas unilaterales» impuestas por Estados Unidos, que el Gobierno señala como el factor que impide el incremento salarial.

Adicional al salario, el Gobierno otorga un bono de alimentación, equivalente a 40 dólares, y el denominado bono de «guerra económica» por 90 dólares, como parte de una fase de resistencia ante la crisis que -insiste el Ejecutivo- generan las sanciones internacionales.

Al respecto, García afirmó que no cree que las sanciones «sean la causa fundamental de la falta de recurso en Venezuela», mientras que Capote manifestó que no quieren «bonos discrecionales», que -para ella- representan una forma de «control social».

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Información: EFE

Foto: agencia