Perú rechazó un informe de Amnistía Internacional que afirma que la presidenta Dina Boluarte debería ser investigada como posible autora intelectual de las graves violaciones a los derechos humanos que dejaron 50 civiles muertos en las protestas para exigir su renuncia entre 2022 y 2023.
El primer ministro Gustavo Adrianzén dijo a la prensa que el Estado no le responde a una organización no gubernamental, sino que más bien “se relaciona directamente con organismos internacionales”.
“Rechazamos rotundamente cada uno de los apartados del informe… más aún cuando de manera indebida se le pretende atribuir a la presidenta una responsabilidad mediata en los hechos ocurridos en las protestas”, declaró.
Las manifestaciones se encendieron en Perú el 7 de diciembre de 2022 luego de que el Congreso destituyó al entonces presidente Pedro Castillo, quien poco antes había intentado cerrar el Parlamento, pero no recibió apoyo de las fuerzas de seguridad. Boluarte, que era vicepresidenta, lo sucedió en el cargo.
