Un grupo de 16 pescadores ecuatorianos presentará este lunes 16 de noviembre una demanda judicial contra el Gobierno de Estados Unidos ante el Tribunal de Distrito para el Distrito Oeste de Pensilvania, tras sobrevivir a un ataque aéreo con drones y a posteriores detenciones arbitrarias ejecutadas por fuerzas militares estadounidenses en el océano Pacífico.
La acción legal busca una indemnización económica por los daños causados, sanciones contra los responsables materiales e intelectuales y establecer la corresponsabilidad de la Administración del presidente ecuatoriano Daniel Noboa.
Los hechos ocurrieron el 17 de marzo de 2026, a unas 385 millas náuticas del puerto de Manta, cuando los trabajadores regresaban de una faena pesquera de dos semanas a bordo de la embarcación Negra Francesca Duarte II. Poco antes de la agresión, las propias autoridades de Ecuador habían inspeccionado el navío y verificado que no transportaba sustancias ilícitas ni mantenía vínculos con el narcotráfico.
Sin embargo, el barco fue impactado por dos drones armados desplegados desde una unidad militar no identificada del Comando Sur de Estados Unidos, en el marco de la ofensiva denominada Operación Lanza del Sur. El bombardeo incendió y destruyó por completo la embarcación, provocando quemaduras graves en piernas, brazos y espaldas a dos de los tripulantes.
Secuestro, tortura y violación del derecho internacional
Tras saltar al agua y refugiarse en botes salvavidas, los sobrevivientes fueron interceptados por efectivos militares estadounidenses, quienes los inmovilizaron con bridas plásticas y les cubrieron el rostro con capuchas del mismo material. Posteriormente, los pescadores fueron trasladados a un centro de detención de migrantes en El Salvador, donde permanecieron recluidos durante varias semanas antes de ser deportados a Ecuador.
La demanda califica el operativo como un ataque «manifiestamente ilegal» acompañado de «secuestro y tortura» y sostiene que «no existe ningún conflicto armado real que justifique el uso de la fuerza militar contra las embarcaciones, ni lo había el 17 de marzo, cuando tuvo lugar el ataque». También argumenta que «la campaña de bombardeos de Estados Unidos contra embarcaciones e individuos indefensos viola el derecho internacional, de larga data y ampliamente aceptado».
El abogado representante de las víctimas, Dan Kovalik, expuso al diario británico The Guardian las secuelas físicas, psicológicas y financieras que enfrentan los demandantes: «Salen a pescar, no regresan a casa durante un mes, están en un centro de detención de migrantes en El Salvador y, como sabemos, esos centros no son muy agradables, así que hay mucho trauma ahí».
«Fue catastrófico para ellos. Ahora están en casa, pero tienen dificultades económicas, y los dos que resultaron gravemente heridos aún están lidiando con eso». Kovalik agregó que el litigio busca frenar estas operaciones letales en alta mar: «También les gustaría que Estados Unidos detuviera estos ataques con barcos. Ese es otro objetivo de todo esto, y creo que, sinceramente, ni el público ni los medios de comunicación estadounidenses se han indignado lo suficiente por estos ataques».
Con información de: Telesur
Foto: Cortesía
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