Al menos 200 juguetes intentaron representar la voz de miles de menores abusados sexualmente como parte de una protesta simbólica realizada en Bogotá, Colombia, por la organización no gubernamental Aldeas Infantiles SOS Colombia.
“Los peluches son el símbolo de los testigos mudos de esta situación. En los hogares donde están los niños muchas veces estos peluches pueden estar allí presenciando situaciones que ocurren de forma silenciosa, que nadie ve que son aberrantes”, aseguró a The Associated Press Esteban Reyes, director de Aldeas Infantiles.
En 2024 sometieron a exámenes médicos a al menos 17.653 menores por presuntos delitos sexuales en su contra, según el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, lo que representó una disminución respecto de los 19.192 exámenes practicados en 2023.
Para Reyes la disminución en las estadísticas no es del todo alentadora, porque cree que hay un subregistro debido a la falta de denuncias.
“El 82 % de estos delitos ocurren en las propias familias, de manera que hay muchos incentivos para que se queden allí… Si bien la estadística puede estar reflejando una disminución leve, los testimonios que nosotros tenemos permanentemente dan cuenta de que esta situación sigue presente”, explicó Reyes.
Juguetes toman las calles en Colombia para pedir justicia para niños abusados sexualmente
Los juguetes “protestaron” frente a la Fiscalía General de la Nación buscando llamar la atención sobre la impunidad al sostener con pancartas que sólo el 4 % de los casos de violencia contra niños y niñas llegan a una condena.
Una mujer que pidió reservar su nombre por razones de seguridad relató a la AP que su caso está entre ese pequeño porcentaje y que se revolvió tras más de una década de procesos judiciales.
A su exmarido lo condenaron en segunda instancia a 12 años de prisión por abusar de la hija de ambos, entonces de siete años. Aún después de la condena, aseguró, las secuelas psicológicas continúan. La menor cambió voluntariamente su nombre en un intento por rehacer su vida.
Aldeas Infantiles reclamó mayor celeridad en los casos no resueltos pese a que en 2022 se aprobó una ley que creó dentro de la Fiscalía una unidad especial de investigación de delitos contra menores.
“Si bien empiezan a crearse las unidades, aún no disponen los recursos técnicos, humanos, financieros para que puedan realmente funcionar”, explicó Reyes. “Ya se dio el cambio legislativo. Necesitamos también el cambio en la implementación de estas normas”.
La AP solicitó a la Fiscalía General información sobre el funcionamiento de estas unidades sin obtener respuesta de inmediato.
Información y foto: AP
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