Luego de seis meses de múltiples trabas y arduas negociaciones políticas, el presidente argentino Javier Milei logró el viernes la aprobación en la Cámara de Diputados de sendas leyes de reformas económicas, estatales y tributarias con las que busca relanzar su gestión y asegurarse una mayor gobernabilidad.
La cámara baja dio luz verde a la legislación que fue aprobada el 13 de junio por el Senado sellando así la primera victoria legislativa de Milei desde que asumió el poder en diciembre y luego de resignar algunos puntos durante las negociaciones mantenidas con opositores dialoguistas.
El gobierno celebró en un comunicado el resultado de la votación pese al “obstruccionismo” de los opositores más duros, al considerar que permitirá “el camino hacia el país libre y próspero que los argentinos eligieron el pasado 19 de noviembre”.
Indicó que la consecución de la normativa habilita a que el 9 de julio, cuando se conmemora un nuevo aniversario de la independencia argentina, distintos expresidentes, líderes de los principales partidos políticos y legisladores se reúnan junto a Milei con vistas a firmar un pacto con 10 políticas para refundar el país.
Milei, un economista de extrema derecha que se define como un “topo” que quiere destruir el Estado “desde adentro”, ha enfrentado numerosos obstáculos para conseguir sus primeras leyes en un marco de abierta confrontación con los opositores a los que califica de “ratas” y “máquinas de impedir”.
En la sesión que comenzó el jueves por la tarde, la Cámara de Diputados, que había aprobado en abril y luego girado al Senado los dos proyectos, debía decidir si aceptaba las modificaciones que realizaron los senadores o insistía con las versiones originales, que contemplaban algunas reformas más profundas.
El proyecto de Ley de Bases resultó el menos complejo a la hora de que el oficialismo sellara un acuerdo con opositores moderados.
La nueva norma contiene unos 230 artículos con modificaciones administrativas, laborales y contractuales, así como la declaración de la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, lo que otorgará al presidente facultades especiales para, entre otras cosas, reestructurar organismos estatales. Son prácticamente la mitad de artículos de la versión original que defendía el oficialismo.
En materia de reforma laboral, incluye como causal de despido la participación en bloqueos o tomas de establecimientos y la eliminación de multas a empleadores por trabajadores no registrados, lo que fue muy cuestionado por el peronismo.
Asimismo, el proyecto incluye beneficios fiscales para sociedades nacionales y extranjeras que inviertan en proyectos de distintos sectores por encima de los 200 millones de dólares —otro punto resistido por el peronismo y la izquierda—y la autorización para declarar sujetas a privatización a empresas públicas.
Sobre esto último, el gobierno aceptó con aliados respetar lo votado por el Senado y mantener fuera de la lista de empresas que pueden ser privatizadas a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y la Radio y Televisión Argentina.
Tras la sanción definitiva de la Ley Bases, se llevó a cabo la votación del paquete fiscal. La reposición del impuesto al salario de cientos de miles de empleados logró el apoyo necesario en parte por la presión de los gobernadores de las distintas provincias necesitados de recursos fiscales.
Además fue aprobado el controvertido régimen de Bienes Personales con el propósito de incentivar el blanqueo de capitales, también contenido en el paquete fiscal.
