El lunes, el Tribunal de Paz de Colombia imputó a un grupo de militares involucrados en casos de “falsos positivos” por los delitos de tortura y persecución contra pueblos indígenas. Estos «falsos positivos» son asesinatos extrajudiciales en los que se presentaron falsamente a personas como guerrilleros muertos en combate.
Los nuevos cargos surgen de la investigación a esos militares, quienes reconocieron su responsabilidad en el asesinato y la desaparición forzada de más de un centenar de personas, algunas de ellas indígenas, entre 2002 y 2005. El Tribunal evaluó la responsabilidad individual e imputó a cuatro militares solo por tortura, a tres por persecución y a cuatro más por ambos delitos.
Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal creado por el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), concluyeron que se cometió el delito de persecución contra los pueblos indígenas Kankuamo y Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta. Los asesinatos de sus miembros se debieron a su pertenencia a dichos pueblos.
En agosto de 2003, asesinaron a Ever de Jesús Montero Mindiola, indígena Kankuamo, en el norte de Colombia. Encontraron su cuerpo vestido con prendas camufladas que solían usar los guerrilleros. La JEP concluyó que lo encapucharon, constreñido y retenido durante un tiempo prolongado antes de su ejecución. Como parte de las coerciones, lo obligaron a identificarse como miembro de un grupo armado ilegal sin serlo, según la imputación.
Información: VOA
Foto: VOA
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