La administraci?n de Donald Trump defendi? la legalidad de dos vuelos que deportaron venezolanos. A pesar de una orden judicial que suspend?a temporalmente dichas expulsiones, la administraci?n se ampar? en una Ley de Guerra Antigua de tiempos de guerra.

Previamente, el juez del Distrito de Columbia, James Boasberg, exigi? una explicaci?n del Departamento de Justicia. Esto se debi? a que los vuelos, que trasladaron a presuntos miembros de bandas criminales venezolanas a El Salvador el 15 de marzo, ocurrieron tras su dictamen de suspensi?n por dos semanas. No obstante, la administraci?n justific? las deportaciones bajo la Ley de Guerra antigua de Enemigos Extranjeros de 1798.

En un documento judicial, los abogados del Departamento de Justicia insistieron en que los aviones despegaron antes de que Boasberg emitiera la orden escrita a las 7:25 p.m. (hora del Este). Por lo tanto, argumentaron que no exist?a obligaci?n de hacerlos regresar. Adem?s, restaron importancia a la orden oral del juez, emitida dos horas antes durante una audiencia.

Desaf?o a la autoridad judicial y repercusiones pol?ticas

Boasberg solicit? detalles sobre la hora de despegue y el n?mero de venezolanos a bordo. Esto le permitir?a evaluar una posible violaci?n de su orden. Sin embargo, el Departamento de Justicia omiti? esta informaci?n.

El juez permiti? a la administraci?n invocar el privilegio de secretos de Estado. Este principio legal restringe la divulgaci?n de informaci?n sensible en litigios civiles. La justificaci?n radic? en que la solicitud del juez interfer?a en las competencias del Ejecutivo sobre diplomacia y seguridad nacional.

«La divulgaci?n de esta informaci?n da?ar?a significativamente los intereses de las relaciones exteriores de los Estados Unidos», declar? el secretario de Estado, Marco Rubio, en un documento judicial.

Los abogados de los migrantes venezolanos tendr?n hasta el 31 de marzo para responder a los argumentos del Departamento de Justicia. Boasberg advirti? sobre posibles consecuencias ante una violaci?n de su orden, aunque no las especific?.

El caso representa una prueba clave para las amplias facultades ejecutivas que reclama Trump. Con el respaldo mayoritario de su partido en el Congreso, los tribunales federales se han convertido en un contrapeso importante a sus medidas.

Tras la decisi?n de Boasberg de suspender las deportaciones, Trump solicit? la destituci?n del juez mediante un juicio pol?tico. En respuesta, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, critic? la postura del mandatario. Roberts afirm? que las apelaciones judiciales, y no el juicio pol?tico, son el mecanismo adecuado para impugnar decisiones judiciales.

Redacci?n: Radio Am?rica.

Informaci?n y Foto: Sumar?um.

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