La administración de Donald Trump defendió la legalidad de dos vuelos que deportaron venezolanos. A pesar de una orden judicial que suspendía temporalmente dichas expulsiones, la administración se amparó en una Ley de Guerra Antigua de tiempos de guerra.
Previamente, el juez del Distrito de Columbia, James Boasberg, exigió una explicación del Departamento de Justicia. Esto se debió a que los vuelos, que trasladaron a presuntos miembros de bandas criminales venezolanas a El Salvador el 15 de marzo, ocurrieron tras su dictamen de suspensión por dos semanas. No obstante, la administración justificó las deportaciones bajo la Ley de Guerra antigua de Enemigos Extranjeros de 1798.
En un documento judicial, los abogados del Departamento de Justicia insistieron en que los aviones despegaron antes de que Boasberg emitiera la orden escrita a las 7:25 p.m. (hora del Este). Por lo tanto, argumentaron que no existía obligación de hacerlos regresar. Además, restaron importancia a la orden oral del juez, emitida dos horas antes durante una audiencia.
Desafío a la autoridad judicial y repercusiones políticas
Boasberg solicitó detalles sobre la hora de despegue y el número de venezolanos a bordo. Esto le permitiría evaluar una posible violación de su orden. Sin embargo, el Departamento de Justicia omitió esta información.
El juez permitió a la administración invocar el privilegio de secretos de Estado. Este principio legal restringe la divulgación de información sensible en litigios civiles. La justificación radicó en que la solicitud del juez interfería en las competencias del Ejecutivo sobre diplomacia y seguridad nacional.
«La divulgación de esta información dañaría significativamente los intereses de las relaciones exteriores de los Estados Unidos», declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, en un documento judicial.
Los abogados de los migrantes venezolanos tendrán hasta el 31 de marzo para responder a los argumentos del Departamento de Justicia. Boasberg advirtió sobre posibles consecuencias ante una violación de su orden, aunque no las especificó.
El caso representa una prueba clave para las amplias facultades ejecutivas que reclama Trump. Con el respaldo mayoritario de su partido en el Congreso, los tribunales federales se han convertido en un contrapeso importante a sus medidas.
Tras la decisión de Boasberg de suspender las deportaciones, Trump solicitó la destitución del juez mediante un juicio político. En respuesta, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, criticó la postura del mandatario. Roberts afirmó que las apelaciones judiciales, y no el juicio político, son el mecanismo adecuado para impugnar decisiones judiciales.
Redacción: Radio América.
Información y Foto: Sumaríum.
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