La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la constitucionalidad del carácter orgánico de la Ley para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos, instrumento sancionado recientemente por la Asamblea Nacional (AN).

Mediante una sentencia, el máximo tribunal ratificó que la norma cumple con la totalidad de los requisitos legales y constitucionales necesarios para su entrada en vigor.

El objetivo central de este instrumento legal, establecido en su artículo 1, es definir una base normativa robusta que permita a la Administración Pública ejecutar de manera ágil y eficaz los mecanismos de optimización de gestiones.

Con esta implementación, las autoridades buscan disminuir drásticamente los plazos de tramitación y respuesta ante las diversas solicitudes y peticiones realizadas por la ciudadanía.

En su dictamen, los magistrados de la Sala Constitucional destacaron que esta ley representa una «respuesta estructural» del legislador frente a una realidad histórica marcada por la excesiva burocratización, la dilación indebida y la ineficiencia operativa. Según el criterio del TSJ, estas fallas administrativas han incidido directamente en el goce de los derechos fundamentales de la población, por lo que la nueva norma actúa como un correctivo necesario.

La sentencia subraya que la nueva legislación se rige por principios fundamentales de eficiencia, entre los que destacan la prontitud en la resolución de expedientes, la eliminación de pasos innecesarios en los procesos internos y la optimización de los recursos del Estado para mejorar el servicio al público.

Información: El Universal

Foto: Agencia

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