La cultura constituye una dimensión esencial de la identidad de los pueblos y de la memoria colectiva. Su protección comprende los bienes históricos y arqueológicos, las manifestaciones tradicionales, la creación intelectual y la diversidad de las expresiones culturales. En este ámbito, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha desarrollado siete convenciones internacionales destinadas a proteger distintas dimensiones de la cultura y promover la cooperación entre los Estados.

Estos instrumentos abarcan la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado (1954), la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales (1970), el patrimonio mundial cultural y natural (1972), el patrimonio cultural subacuático (2001), el patrimonio cultural inmaterial (2003), la diversidad de las expresiones culturales (2005) y el derecho de autor, mediante la Convención Universal de 1952 y su revisión de 1971. Esta última revisión corresponde al mismo instrumento, no a una convención independiente. En conjunto, las siete convenciones ofrecen mecanismos de protección, cooperación y salvaguardia de la creación y la memoria cultural (UNESCO, s. f.).

En Venezuela, la protección de estos ámbitos encuentra fundamento en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, con la Enmienda N.º 1 de 2009, publicada en la Gaceta Oficial N.º 5.908 Extraordinario, del 19 de febrero de 2009. El Preámbulo reconoce el carácter multiétnico y pluricultural de la sociedad venezolana, mientras que los artículos 98, 99, 100 y 101 establecen garantías relacionadas con la creación cultural, los derechos de autor, la protección del patrimonio tangible e intangible, la diversidad cultural y la difusión de la información cultural.

Este marco se complementa con los artículos 9, 102, 119, 121 y 124, relativos al patrimonio lingüístico, la educación, los derechos culturales de los pueblos indígenas y la protección de sus conocimientos colectivos. Asimismo, los artículos 127 y 128 permiten relacionar la protección ambiental, el territorio y la cultura. El artículo 130 incorpora la responsabilidad ciudadana de honrar y defender los valores culturales de la Nación. Estas disposiciones reconocen que la salvaguardia patrimonial es una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad.

En el ámbito internacional, los registros de la UNESCO identifican a Venezuela como Estado parte de las convenciones de 1954, 1970 y 1972, así como de la Convención Universal sobre Derecho de Autor de 1952 y su revisión de 1971, la Convención de 2003 y la Convención de 2005. Las fechas de depósito correspondientes permiten documentar la formalización de estos compromisos. Sin embargo, Venezuela no figura como Estado parte de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de 2001 (UNESCO, s. f.).

Esta situación debe analizarse conforme al ordenamiento constitucional venezolano. El artículo 152 establece los principios que orientan las relaciones internacionales; el artículo 154 regula la aprobación de los tratados por la Asamblea Nacional antes de su ratificación presidencial, con las excepciones previstas constitucionalmente; el artículo 187, numeral 18, atribuye al Poder Legislativo la competencia de aprobarlos por ley; y el artículo 236, numeral 4, contempla entre las atribuciones presidenciales la dirección de las relaciones exteriores y la celebración y ratificación de tratados internacionales.

La UNESCO explica que la Convención de 2001 no obliga automáticamente a todos sus Estados miembros. Para convertirse en Estado parte se requiere la autorización nacional correspondiente y la manifestación formal del consentimiento internacional mediante ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, según proceda. Por tanto, la ausencia de Venezuela en el registro no demuestra una prohibición constitucional ni permite atribuir una causa específica a esa situación sin documentación oficial que la respalde.

La protección del patrimonio cultural exige, además de compromisos jurídicos, políticas públicas, instituciones responsables, educación patrimonial y participación de las comunidades. En este proceso, la radio, la prensa y los medios digitales cumplen una función importante al documentar, interpretar y transmitir conocimientos, respetando la autoría y los derechos de las comunidades portadoras.

La cultura no es únicamente una herencia que debemos conservar; es también una memoria viva que necesita reconocimiento, transmisión y continuidad. Conocer los instrumentos internacionales y las garantías constitucionales permite comprender mejor las responsabilidades del Estado y de la ciudadanía frente a ese legado.

Conocer para valorar. Documentar para preservar. Comunicar para salvaguardar.

Desde la pluma, el micrófono, los ecosistemas digitales y las redes sociales, y bajo la mirada de los Derechos Humanos DESCA (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales), la memoria histórica y la educación patrimonial, los acompañaré en este recorrido para valorar nuestra identidad, en consonancia con las Convenciones Internacionales, Protección Constitucional y Salvaguardia de la Cultura y el Patrimonio; una tarea que ejerzo con la responsabilidad de mi rol como productora de medios y Portadora Patrimonial de la Nación (Gaceta Oficial N° 43.127 del 14 de mayo de 2025).

¡Preservemos y salvaguardemos la memoria que nos identifica como nación!